Esta mañana, el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Carmen 2015-2018, José María Pérez Vega, acudió ante el Congreso del Estado de Campeche con la finalidad de solicitar juicio político contra el ex alcalde, Enrique Iván González López, por múltiples irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el último año de su gobierno. 

Dicha solicitud de juicio político responde a diversas anomalías detectadas, durante la revisión y resultados de las auditorías externas e internas aplicadas en el periodo comprendido del 1ro de enero al 30 de septiembre de 2015, en la ejecución de obra pública, manejo de fondos federales y estatales, así como recursos propios del Ayuntamiento y otros obtenidos a través de financiamientos bancarios, cuyo monto asciende a $ 148 millones 451 mil 718 pesos.

En la muestra auditada también se observaron violaciones sistemáticas a las leyes federales, estatales y municipales, que provocaron dicho quebranto en detrimento de los ciudadanos del Municipio de Carmen. Dentro de estas se encontraron facturas alteradas, algunas reflejando la realización de obras o servicios simulados, así como la presunta entrega de productos sin la existencia de evidencia real o documentada de los mismos.

De igual manera, se detectó el sobreprecio en materiales, insumos y productos usados en obras públicas y diversas áreas del Ayuntamiento.

juicio político (2)

El Contralor, Pérez Vega, indicó que adicionalmente se interpondrán 25 solicitudes de juicio político, dos de los cuales serán en contra de dos ex regidores de la administración anterior y otros 23 en contra de autoridades de las Juntas Municipales de Atasta, Sabancuy y Mamantel.

Añadió que en próximas fechas también se presentarán ante las instancias correspondientes otras irregularidades graves encontradas dentro de la misma revisión, la cual se tuvo que ampliar.

Finalmente, concluyó que es premisa fundamental de la actual administración que encabeza el Presidente Municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, denunciar de manera irrestricta cualquier hecho o conducta delictiva tanto de ex funcionarios o actuales servidores.

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