A fin de conmemorar los CLVII años de la institucionalización del Poder Judicial del Estado de Campeche, se desarrollo un homenaje cívico en la explanada del Tribunal Superior de Justicia en la explanada Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá.

En presencia de la magistrada, Margarita Alfaro Waring, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y servidores públicos judiciales, Adelaida Delgado Rodríguez, Magistrada de la Sala Mixta del Tribunal con sede en el municipio de Carmen, mencionó que el 5 de Junio de 1858, se publicó en el “Espíritu Público”, la Ley que sustentó la Institucionalización del Poder Judicial.
Recordó esta fue promulgada por el ilustre campechano Don Pablo García y Montilla, primer Gobernador del Estado de Campeche, la Ley de la Organización y Arreglo de la Administración de Justicia en el Estado. Dicha Ley se estructuraba únicamente en 15 artículos, en los cuales se delimitaba el Órgano Judicial, conformado en instancias, para asegurar una organización concreta.
“En el devenir de la historia campechana,y a la vez mexicana, el Poder Judicial ha estado revestido por paradigmas, pero como paradigmas que sirven de modelo o ejemplo a seguir y que consolidan su Institucionalización, ya que con el pasar de los años, no solo transcurren éstos, sino que con ellos surge la evolución del día a día, siempre a la vanguardia de lo que se nos tiene encomendado, esto es, aplicar justicia, como dice Ulpiano (y digo “dice” porque aún en nuestros tiempos es aplicable y será aplicable en las siguientes generaciones) “Dar a cada quien lo suyo”.
Por último, añadió que se ha ido evolucionando y que se seguirá haciendo para que las generaciones venideras encuentren un Poder Judicial cimentado más allá de sus raíces; ya que hoy se cuenta con una infraestructura que se ha visto incrementada por las mismas necesidades de la ciudadanía.
El homenaje cívico contó con la asistencia de diversas autoridades, quienes testificaron la ratificación del compromiso del Poder Judicial por salvaguardar el estado de derecho y garantizar los derechos humanos y la libertad de los habitantes del Estado, trabajando en coordinación con los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

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