A través de los recorridos vía terrestre y aéreos en la zona del ejido de Iturbide, municipio de Hopelchén se pudo identificar la quema no autorizada de una superficie de 486 hectáreas aproximadamente y el desmonte de diversas áreas, cuya cifra se estima en mil 200 hectáreas, precisó el encargado de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Campeche (SEMARNATCAM), Alberto Escamilla Nava.

En rueda de prensa efectuada en la Sala de Juntas de la SEMARNATCAM, acompañado del gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Alonso Pacheco Ucán, y del Procurador de Protección al Ambiente del Estado, José Bravo Negrín, explicó que al detectarse, en días pasados, diversos puntos de calor en una misma zona en el ejido de Iturbide, se procedió a ubicar el sitio, primero a través de recorridos terrestres cuyo acceso fue complicado debido a las condiciones del lugar.

Sin embargo, el pasado 9 de marzo se procedió a realizar un sobrevuelo, identificándose que el fuego había afectado zona de selva en una superficie de aproximadamente 486 hectáreas y diversas superficies deforestadas con maquinaria.

Escamilla Nava lamentó esta situación crítica que confirma que el municipio con mayor índice de deforestación es Hopelchén, principalmente para el desarrollo de actividades agrícolas.

-Es una situación crítica, en el sobrevuelo participó personal de PROFEPA, ya tiene información y no se puede pasar por alto, debido a que son desmontes ilegales, no tiene permiso; la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente no ha dado un solo permiso -dijo.

Por su parte, el gerente estatal de la CONAFOR señaló que el año pasado se registraron 29 incendios en toda la geografía campechana, de los cuales 12 se dieron en el municipio de Hopelchén, con más de cuatro mil hectáreas siniestradas. Y para este año, tienen un presupuesto similar al del 2017, por 10 millones de pesos para acciones de prevención y combate de incendios forestales.

Mientras tanto, Bravo Negrín explicó que esta situación corresponde a delitos federales y la instancia competente es la PROFEPA, encargada de integrar la información para proceder con la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

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