Campechanos sin acceso a viviendas económicas ante la nula inversión de empresarios para este tipo de proyectos, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Campeche A. C., Eliseo Benjamín Concha Moguel pues actualmente  las casas se costean arriba de los 600 mil pesos, debido a que los terrenos son costosos, entre otros factores.

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades de gobierno y la iniciativa privada a unirse para desarrollar  viviendas de interés social pues la población campechana la requiere, además hizo hincapié para que se agilice la papelería de permisos pues en la entidad el proceso es muy tardío.

En entrevista detalló que la demanda es creciente pero en estos momentos no hay oferta de los constructores, por lo que se están apegando solo a viviendas usadas.

“Pensamos que en unos meses vengan desarrolladores importantes a la ciudad y podamos quizás no cumplir con las metas establecidas, pero si vamos a tener varios inversionistas en Campeche, ahora estamos con un desarrollador que va a hacer 500 viviendas”, externó.

Concha Moguel explicó que sí existen terrenos para la construcción de casas, sin embargo los precios son altos y urgen accionistas que puedan invertir en Campeche. Además apuntó que la Ley de Fraccionamientos en la ciudad es obsoleta.

“Los constructores solicitan tener los servicios necesarios para poder edificar y que los tiempos en los permisos se acorten, la Ley de fraccionamientos lleva 30 años de atraso, y necesitamos que una nueva ley se autorice para que podamos acortar los tiempos para la construcción”, concluyó.

En otro orden de ideas, aunque recientemente no se han incautado propiedades por relación con el crimen organizado, la AMPI reiteró su compromiso con la seguridad de los ciudadanos en sus operaciones Inmobiliarios para proteger su patrimonio.

Por lo que recomendó a los propietarios a ser precavidos y acercase a agentes inmobiliarios que los orienten y les brinden certeza sobre la protección de bienes. Comentó que la AMPI trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) en tanto que se vigila cualquier tipo de irregularidad para evitar situaciones de lavado de dinero  pérdida del inmueble por arrendarle a gente relacionada con el crimen organizad.

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